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La Ley de Tasas y Precios Públicos establece las normas sobre concepto, cuantía, fijación y administración de los precios públicos; y define los precios públicos como las prestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de derecho público cuando, prestándose también tales servicios por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados. 

 

Los servicios que presta el INAP y las actividades que desarrolla presentan las características exigidas por dicha Ley para que las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de aquéllos hayan de ser consideradas como precios públicos.

 

Mediante la presente resolución se procede al establecimiento de tales precios públicos con fundamento sobre fijación de límites para la administración de determinados créditos para gastos y de delegación de competencias.